RUMBO AL 7D: Intervención de Gustavo Bulla en el Foro Popular y Abierto en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

Cuando en la madrugada del 10 de octubre de 2009, festejábamos lo que hasta ahí parecía un imposible de la democracia reconquistada más de dos décadas atrás,  la sanción de una ley que regule la radio y la TV a favor de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, sabíamos perfectamente que ese era el punto de partida y no el de llegada.

Porque quienes nos preocupamos y ocupamos en estudiar y denunciar el peligro que significaba la concentración de la propiedad de los medios de comunicación desde los primeros ’90, teníamos claro al poder fáctico que esta normativa venía a intentar ponerle límites.

Hoy en el marco de la trascendencia política que ha cobrado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y sobretodo por el accionar de los principales medios concentrados de la Argentina desde fines de marzo de 2008 en adelante, resulta evidente que una sociedad con aspiraciones democráticas no puede convivir con semejante nivel de concentración monopólica y oligopólica del sector audiovisual.

Pero no eran muchos los que prestaban atención a esa transformación estructural en curso por entonces. Ni desde la dirigencia política popular, ni desde los movimientos sociales y ni siquiera desde los ámbitos académicos, en donde primaban teorías y estudios que se esforzaban por demostrar la autonomía relativa de las audiencias respecto de los mensajes mediatizados.

Así, ese enorme poder liderado por el Grupo Clarín, se cansó de  arrodillar gobiernos, de obtener prebendas y de establecer lo que se podía y lo que no se podía discutir en la sociedad argentina.

Si queda alguien con dudas respecto de la necesidad de ponerle límites democráticos a ese poder corporativo, el comportamiento del Grupo en los últimos tres años hace que los argumentos huelguen.

Por supuesto, tan enorme poder construido significativamente en las dos últimas décadas, no está desarmado ni mucho menos. Su poder de fuego sigue siendo impactante. Haber logrado disciplinar a vastos estratos del Poder Judicial para conseguir que no se le aplique una ley sancionada con amplias mayorías de ambas cámaras y con una discusión social previa  inédita durante más de tres años, realmente atemoriza a la vez que indigna.

Y de alguna manera hay que reconocer que Clarín logró imponer el relato sobre el conflicto suscitado por ellos en torno a la vigencia de la Ley 26.522.

Ese relato es una especie de “Teoría de los dos demonios (2ª Parte)”, según la cual, un día Néstor Kirchner se despertó encaprichado con enfrentar al Grupo Clarín – en la figura de su CEO Héctor Magnetto -, dejando atónitos a la inmensa mayoría de los argentinos que no logran comprender el por qué de la virulencia del enfrentamiento.

Para que se impusiera en buena medida este relato es fundamental la posición dominante que exhibe Clarín en todas las hileras del sector audiovisual, pero sin dudas han contribuido también esas “almas nobles” que desde las filas periodísticas y académicas denodadamente se esfuerzan por centrear en la contradicción como toda forma de obtener un certificado de independencia y elevación por sobre los “intereses espurios”.

Y con toda la importancia simbólica que el así llamado 7D emana; el día en el que por fin todos seremos iguales ante la Ley, desde este lado de la lucha por la democratización de la comunicación incluso no se ha resistido todo lo necesario la tentación de pisar ese palito.

Nos estaríamos equivocando mucho y mal, si terminamos creyéndonos eso de que la “Ley sólo sirve para derrotar a Clarín”. Por supuesto que con la vigencia de la Ley 26.522 los mayores derrotados serán justamente quienes obstaculizaron durante décadas el derecho a la comunicación del pueblo argentino. Pero este extraordinario instrumento legal excede largamente al combate antimonopólico.

También combate a la centralización de la producción en un profundo sentido federal, protege a la niñez y la adolescencia de manera incomparable en el resto del Mundo, excluye a todos los tipos de discriminaciones y a los contenidos apologéticos de la violencia de género, incluye a las personas con discapacidad reglamentando distintos mecanismos de accesibilidad, promueve la cultura nacional, los medios universitarios y los de los pueblos originarios, entre otras disposiciones estratégicas.

La gesta por la democratización de la comunicación en Argentina entra en una nueva fase el 7 de diciembre, la de la igualdad de todos los actores ante la Ley. Pero sigue pendiente el gran desafío que tenemos por delante: que más temprano que tarde comience a notarse en las pantallas y en los parlantes de todo el país la enorme diversidad que contiene nuestra sociedad y que se liberen las voces del pueblo, silenciadas durante tanto tiempo.

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