Continuamos el debate Rumbo al 7D: Nuestra querida maestra y compañera «Marita» Mata comparte con nosotros sus apuntes de la participación en el Panel de Apertura del X Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación –ENEC- 20 a 22 de octubre, Embalse, sierras de Córdoba. Organizado por los Compañeros del Mate

¿Un solo tipo de adecuación a la Ley?

(Apuntes de la participación en el Panel de Apertura del X Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación –ENEC- 20 a 22 de octubre, Embalse, sierras de Córdoba)

 María C. Mata.

Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba

Como docente en carreras de comunicación de distintos niveles, como investigadora, como integrante de equipos universitarios que diseñamos y conducimos posgrados orientados a enriquecer nuestro campo de estudio me  pregunté muchas veces, desde que la Ley 26.522 se aprobó, si ella suponía un solo tipo de adecuación, la que se fija en el artículo 161.

Y no se trata de una pregunta retórica; para mí se trata de una pregunta necesaria y urgente.

No desestimo la importancia que tiene ese artículo. Por compleja que resulte para algunos su aplicación, por controversiales que puedan llegar a ser los procedimientos de adecuación de todas las empresas cuyos medios no se ajusten a lo establecido, el 161 es un dispositivo  antimonopólico imprescindible y su cumplimiento, después del 7D, será expresión de la capacidad de nuestra sociedad para lograr el respeto de las leyes debatidas y aprobadas democráticamente. Pero la ley contiene disposiciones que suponen –sin que el término se emplee-, la readecuación de otras instancias: distintos actores estatales, actores públicos, empresas y organizaciones sin fines de lucro deben adecuarse y cumplir una lógica de actuación establecida en detalle tanto para gestionar medios audiovisuales como para controlar su gestión. Sin embargo, tengo la convicción de que gran parte de las mismas carreras de comunicación que participamos en ese amplio movimiento que posibilitó la sanción de la ley y que hoy vuelve a activarse manifestando en foros, declaraciones, publicaciones, la necesidad de su vigencia irrestricta, no hemos asumido que existe otro imprescindible proceso de adecuación que nosotros debemos protagonizar: el que exige la letra y el espíritu de los artículos 2° y 3° de la ley.

Sabemos que en esos artículos se entiende la comunicación como un derecho humano que no se  agota en las posibilidades de libertad de pensamiento y expresión individual sino cuyo pleno ejercicio depende de la existencia de un sistema de medios que permita y posibilite la multiplicidad y pluralidad de voces. Pero si lo sabemos  y fundamos en esa concepción buena parte de  nuestro apoyo a la norma ¿cómo se explica que ello no haya desatado ya, luego de tres años de aprobación y aplicación aunque parcial de la ley un profundo debate con consecuencias prácticas acerca de lo que significa hoy, para nuestras universidades públicas y nuestras carreras el formar comunicadores? ¿Cómo es posible que no nos preguntemos qué implica formar profesionales dedicados a planificar, producir e investigar medios que garanticen ese derecho? Y no pienso en profesionales comprometidos con algún particular ideario político sino en los que nos exige el nuevo marco legal, porque si las leyes democráticas obligan al conjunto de la ciudadanía deberíamos asumir que más nos obligan a quienes nos desempeñamos en las universidades públicas en campos vinculados a las cuestiones que ellas regulan.

Para que la ley se cumpla en este sentido, hace falta algo más alabar el “nuevo paradigma comunicacional” que promueve, algo reiterado casi sin consecuencias. En algunas carreras es necesario modificar ciertas ideas todavía dominantes que han naturalizado a los profesionales de la comunicación como dueños por delegación de un derecho que es de todos y todas. En otras, donde ya existen discusiones y avances sobre ese viejo perfil académico, hacer de los postulados de la ley una nueva matriz cultural y política, implica imaginar la figura del comunicador profesional como un mediador de la palabra colectiva que resulta algo bastante diferente a las figuras mediadoras entre “el público y los acontecimientos” o entre “distintas esferas de actividad y/o de poder” como suele pensarse el oficio.

Tenemos que pensar en un comunicador cuyos conocimientos, aptitudes y actitudes le permitan operar como facilitador y vehículo de esa palabra diversa y plural que debe poder expresarse en igualdad, por disímiles que sean las condiciones objetivas y subjetivas de quienes integramos la sociedad. Un profesional que pueda identificar las diferentes voces, sus lugares y modos de enunciación, sus posibilidades o imposibilidades de aflorar en la escena pública. Un profesional con capacidades para hacer dialogar esas voces, es decir, para identificar conflictos, para percibir distancias y diferencias y para permitir que más allá de matices y antagonismos esas voces  se reconozcan entre sí como legítimas, como escuchables, como discutibles. Un comunicador con conocimientos y aptitudes para construir su propio discurso a partir de los múltiples lenguajes, historias y tradiciones que constituyen la nación y su pueblo y los pueblos que lo integran.

Claro está que no se trata de una adecuación fácil. Un profesional semejante no es producto de unas declaraciones de compromiso o de la simple buena voluntad; sólo puede pensarse si asumimos esa idea de la mediación para el ejercicio del derecho a la comunicación como nuevo ordenador epistemológico y pedagógico. Y eso implica, entre otras cosas, que cada carrera empiece por reconocer su propio espacio de actuación como terreno desde el cual organizar la enseñanza como proceso mediador. Porque será imposible formar comunicadores con conocimientos y aptitudes para reconocer voces y silencios, para renovar agendas, para instalar diálogos, para procesar conflictos, si las carreras, y sus planes de estudio, y los contenidos que se enseñan, y las temáticas que se investigan, no dan cuenta de las realidades particulares en que están insertas, de los contextos territoriales y simbólicos donde se producen esas palabras y esos silencios. Desde ahí tal vez podamos comenzar a adecuarnos. Pero convengamos que, para hacerlo, tenemos que animarnos a cuestionar y romper muchos monopolios y privilegios académicos capaces de aplaudir una ley sin dejarse conmover por lo que ella, aún imperfectamente, busca instaurar como horizonte transformador.

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